La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza esta semana a transitar una etapa determinante. La fiscalía avanza con una serie de declaraciones testimoniales bajo juramento que apuntan a esclarecer el origen y la consistencia de operaciones inmobiliarias bajo sospecha. El expediente, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, investiga un presunto caso de enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de propiedades mediante esquemas de financiamiento entre particulares. Ya declaran dos testigos clave: Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria María José Cancio. Ambas figuran como prestamistas en una operación por 100.000 dólares otorgados a Adorni, garantizados con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. De acuerdo con la documentación bajo análisis, Molina —una comisaria retirada de la Policía Federal— habría aportado el 85% del monto, mientras que Cancio, también integrante de la fuerza, habría contribuido con el 15% restante. El préstamo habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y un esquema de pagos mensuales. La Justicia busca ahora determinar si las condiciones y el origen de esos fondos resultan consistentes con la capacidad económica de las acreedoras. La lupa sobre la capacidad financiera Uno de los ejes centrales de la investigación es la verificación patrimonial de las personas involucradas. Por pedido de la fiscalía, se requirió a ARCA información detallada sobre ingresos, bienes, declaraciones juradas y movimientos económicos de las testigos. El objetivo es establecer si las prestamistas contaban con respaldo financiero suficiente para justificar los créditos otorgados y las garantías hipotecarias asociadas. En esa misma línea, el juez dispuso levantar el secreto fiscal sobre todas las personas citadas, una medida que habilita a profundizar el análisis sobre la trazabilidad del dinero.