A través de un comunicado oficial difundido en la jornada de ayer, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) manifestó su profunda preocupación y exigió que la Justicia actúe de manera inmediata y sin dilaciones.  El pedido surge como respuesta directa a las recientes publicaciones realizadas por Elpidio Guaraz, en las que el exjefe comunal lanzó graves acusaciones vinculando al poder político provincial con el crimen del ministro Juan Carlos Rojas, un hecho que hasta el momento permanece irresoluto y genera una fuerte demanda de justicia en la comunidad. Los legisladores radicales sostienen con firmeza que el Ministerio Público y los jueces deben actuar "de oficio", iniciando una investigación que permita verificar o descartar la veracidad de estos dichos de forma técnica y rigurosa. Según el bloque opositor, resulta fundamental que se proceda con la "máxima profundidad" para esclarecer un caso que ha conmocionado a la provincia, entendiendo que toda persona que afirme tener conocimiento sobre hechos que comprometan el normal funcionamiento de las instituciones asume una responsabilidad cívica y legal ineludible que debe ser canalizada por las vías correspondientes. Para la bancada de la UCR, la petición formulada no busca de ninguna manera amplificar versiones informales ni generar nuevas especulaciones en el tejido social, sino que tiene como objetivo primordial resguardar la institucionalidad de Catamarca. Los diputados subrayaron que, cuando se pone en duda la integridad de las instituciones del Estado, es el Poder Judicial quien tiene la carga de aportar claridad y llevar tranquilidad a la ciudadanía mediante el ejercicio de su independencia. En este sentido, afirmaron que investigar con seriedad es la única forma efectiva de proteger la democracia y garantizar que la ley se aplique con igualdad. El comunicado concluye con una reflexión contundente sobre el estado de la opinión pública, remarcando que "la sociedad catamarqueña necesita certezas" de manera urgente. Para el bloque radical, el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido con el exministro de Desarrollo Social es una deuda pendiente que afecta la estabilidad republicana. Por ello, instaron a que la Justicia actúe con celeridad para evitar que la incertidumbre continúe socavando la confianza en los poderes constituidos, reafirmando que la verdad es el único camino para sostener el orden institucional en la provincia.