El kirchnerismo (aliado con algunos radicales, PRO tardíos y provinciales) acaba de asestar en el Senado un duro golpe al equilibrio institucional como pocas veces se ha visto en el plano institucional en la República Argentina. La derogación del marco de regulación de los decretos de necesidad de urgencia y la sustitución por un nuevo esquema mucho más restrictivo significa, quizás, uno de los hechos más peligrosos a la hora de evaluar el futuro de la gobernabilidad para la administración de Javier Milei. La nueva ley, si es sancionada también por Diputados, le atará definitivamente la lapicera al presidente al obligar a ratificar todos los DNU por el Congreso para que estos no pierdan vigencia. Será difícil, por ejemplo, que el mercado, o algún inversor, confíen así en la palabra de Presidencia. Esta claro que el actual régimen de DNU permite una situación de virtual falta de control de los mismos, pero así fue diseñado y aprovechado por años por el kirchnerismo y no parece que hoy sea el mejor momento para modificarlo sin que produzca un cimbronazo de consecuencias impredecibles para el gobierno de Javier Milei y la estabilidad del país. La oposición logró el jueves una mayoría suficiente como para modificar la forma en que el presidente puede disponer del uso de los DNU, uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Poder Ejecutivo en la actualidad, habida cuenta que Javier Milei y La Libertad Avanza están muy lejos de tener alguna mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que le permita aprobar normas sin problemas. El propio presidente, en sus mensajes, pone esta debilidad sobre la mesa y acusa al kirchnerismo de usarla para intentar desplazarlo del poder, como hizo hasta el cansancio esta semana en el discurso de cierre de campaña en Moreno. El régimen de los Decretos de Necesidad de Urgencia que rige hasta ahora establece un esquema blindado que fue ideado por Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, cuando ocupaba la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Ese año, al que podemos considerar uno de los más peligrosos en cuanto a la violación de las normas básicas y institucionales de la Argentina, la expresidenta hizo aprobar un esquema por el cual virtualmente los decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente se mantenían en vigencia, salvo que las dos cámaras del Congreso establecieran su derogación. Cristina logró así que Nestor Kirchner contara con una validación para sus DNU sin control, los que por otra parte habían sido incorporados con rango Constitucional en la reforma de 1994 , y al mismo tiempo le dio una herramienta de uso casi sin límites de esos decretos. Así, en la actualidad y hasta la sanción de la norma que ahora aprobó el Senado y que deberá tratar Diputados, si el Congreso no se expide sobre un DNU, lo que se conoce como el silencio parlamentario, el decreto permanece en vigencia y sólo puede ser rechazado si los dos recintos lo derogan. Es decir, con el rechazo de una sola Cámara no basta para derogar la norma presidencial. Ahora en la redacción del proyecto que acaba de votar el Senado, si el Congreso no se expide, los DNU pierden vigencia a los 90 días de su firma y para su tratamiento con el solo rechazo de uno de los recintos basta para que queden obsoletos. Es un cambio esencial en el régimen de tratamiento de los DNU que podrán considerarse bien o mal usados por Javier Milei, pero que responden a la tradición de uso presidencial que se viene desarrollando, incluso desde antes de que Cristina Fernández de Kirchner logrará la reglamentación que desde el jueves por la noche intenta derogar la oposición. El kirchnerismo borra, así, con el codo lo que escribió con la mano y utiliza un virtual golpe institucional para modificar un esquema que ata las manos a la Casa Rosada y con seguridad va a traer turbulencias en lo económico y seguramente en lo político, terreno en el que las ineficiencias del Gobierno ya le están multiplicando su futuro en medio del proceso electoral. En la practica, además, a partir de que la Cámara de Diputados convierta en ley esta reglamentación, todo DNU presidencial quedará en suspenso por un plazo de 90 días, hasta que el Congreso lo ratifique. La lapicera presidencial perderá peso específico inmediatamente. Para un esquema de inestabilidad como el argentino, esto puede significar un tembladeral político-económico ante cada decisión que tome el Gobierno. Con la movida en el Senado, queda demostrado que más allá de la necesidad o no de modificar alguna de las reglamentaciones en el uso de los DNU, la intención que rige detrás es la de desestabilizar el actual Gobierno que por otra parte ya se está moviendo en medio de una tormenta política entre audios, sospechas internas, errores y problemas de la economía que han cambiado en 30 días el horizonte político y económico que miraba el país. El domingo habrá elecciones en la provincia de Buenos Aires, comicios que se han transformado virtualmente en una PASO, después de haber derogado ese régimen de internas, simultáneas y obligatorias. Es decir, que volveremos a tener un comicio previo en el medio y antes de la elección nacional, que nuevamente puede incidir negativamente en el curso de la estabilidad que el país necesita como nunca tras veinte años de desastres económicos y con el kirchnerismo y el peronismo buscando sangre como siempre que se encuentra fuera del poder. La mala praxis política de nuestra realidad de hoy puede ser atribuida a cualquiera de las partes; está claro que La Libertad Avanza, ha cometido demasiado errores políticos y tiene algunas turbulencias económicas que el mercado viene mirando de cerca en los últimos tiempos, pero también queda claro con la votación en el Senado que el kirchnerismo y algunos de sus aliados sólo están interesado en lograr dos objetivos: la desestabilización de Javier Milei y la libertad de su jefa política, presa en su departamento San José 111 por haber cometido delitos de corrupción que están vastamente probados en dos instancias judiciales y confirmados por la Corte Suprema. Argentina en este sentido acaba de ingresar en un momento de alta peligrosidad institucional que, quizás, ni el propio Gobierno en sus desvaríos logra comprender. El domingo se juega mucho de esa historia y el 26 de octubre será el partido central. El Gobierno debe encontrar la forma de explicar sus errores, que son muchos y graves, debe salir de una vez por todas a explicar claramente si no hubo delitos que involucren directamente a la hermana del presidente de la Nación y a uno de sus principales asesores. Y debe hacerlo rápido, sin dilaciones. Como se dijo, los peligros son muchos, el riesgo de volver al pasado de decadencia que se vivió en los últimos 20 años es muy alto y son muchos los argentinos que hoy están rezando, cada vez con menos paciencia, para que las acusaciones que caen sobre el Gobierno y que pueden complicar la vida de todos no sean ciertas.