El Gobierno de Javier Milei sigue haciendo malabares para evitar que se dispare el porcentaje de la inflación. Bajo esa premisa, emitió el Decreto 68/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida prorroga el  beneficio que exime a las colegios privados incorporadas a la enseñanza oficial del pago de las contribuciones patronales. La vigencia de este apoyo se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.  “El principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”, aclara el Ejecutivo entre los considerandos de la norma y agrega que de no renovarse esta cobertura estatal “se produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia”. No es la primera vez que el gestión libertaria toma esta decisión, en febrero de 2024 había prorrogado también esta exención que trae alivio a los colegios como empleadores y que impacta directamente sobre el precio de las cuotas que deben afrontar las familias. En el fondo se busca controlar el incremento de los precios en un momento del año en el que juega un rol fundamental la estacionalidad.  Esta suba “sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente", según la fundamentación que el Gobierno incluyó entre los fundamentos de su decreto. Otro punto que decidieron resaltar desde la administración de Javier Milei es que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias” y explicaron que esto se debe a que aporte estatal contribuye tanto al pago de salarios de docentes curriculares como al abono de estas obligaciones que tienen los colegios como empleadores.  “En los casos en los cuales el instituto educativo no recibe aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”, aclara la normativa. Además de todos los motivos expuestos, el Ejecutivo insistió en los efectos negativos de recargar a estas instituciones con el compromiso de realizar aportes a la seguridad social y sostuvo que que “afectaría la prestación del servicio educativo, con principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable”.