El Gobierno nacional impulsa que todos los estudiantes secundarios terminen su ciclo con un examen final obligatorio. La propuesta está contenida en el ambicioso proyecto de ley ómnibus que este miércoles enviaron al Congreso y que incluye unas cuantas reformas en el sistema educativo.
El proyecto especifica que al finalizar los estudios de educación secundaria “el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”.
Otros países ya implementan pruebas de este tipo. Los más comentados son los casos de Brasil y Corea, porque allí el puntaje es tendido en cuenta para ingresar a los universidades. Aquí, la implementación sería distinta.
El ambicioso proyecto ómnibus -elaborado por el economista Federico Sturzenegger- tiene otras iniciativas relacionadas a la educación, como abrirles a todos los padres el acceso a los resultados de la prueba Aprender, la evaluación periódica de los docentes, o habilitar a las universidades nacionales a cobrarles a los estudiantes extranjeros, entre otros.
En su artículo 553, el proyecto enviado al Congreso especifica que "los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos".
Pero abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los miles de extranjeros que vienen a la Argentina sólo en busca de un título. Plantea que "las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos" enumerados anteriormente.
Según se desprende de la ley, el examen de finalización de la secundaria forma parte de las reformas que apuntan a la transparencia de la información educativa. Establece que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”.
Y que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado.”
El artículo es bastante ambiguo y no queda claro aún cómo será y qué finalidad tendrá este examen de finalización de la secundaria. Por lo que pudo saber Clarín, la implementación dependerá de futuros acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación.
En el mundo hay diversos modelos de examen de finalización de la secundaria. En Brasil y Corea la prueba sirve como un puntaje para entrar a la universidad. Hay otros modelos, como en Francia o Italia, donde se usa para acreditar conocimientos.
Por lo que surge de la ley enviada al Congreso, el objetivo aquí es que el alumno tenga “el derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”. Eso abriría la puerta a que empresas -o incluso universidades- lo pidan como requisito antes de incluir a un joven.
Desde el gobierno le dijeron a Clarín que el espíritu que se desprende de la ley no es ese. Que los datos van a ser privados y lo que se busca es tener “buena información para tomar decisiones públicas”.
