Cinco provincias no establecieron protocolos para garantizar abortos no punibles
Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes todavía no cuentan con protocolos para garantizar a las mujeres y personas gestantes el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de excepción previstos por la legislación vigente, pese al impulso político del Gobierno y de un requerimiento de la Corte Suprema, en 2012, para que todas las provincias los establecieran.
Horas después de ser nombrado ministro de Salud, Ginés González García, firmó la actualización del protocolo ILE, decisión, anunciada junto a referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que buscó fijar una "guía de procedimiento para que se cumpla con la ley de igual manera en cualquier parte del país" y como "respaldo a los profesionales de la salud", señaló en aquella ocasión el funcionario.
Diecinueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuentan con protocolos o guías para realizar un aborto cuando hay un peligro para la salud y/o la vida de la persona gestante, o cuando el embarazo es resultado de una violación, causales que fija la ley vigente desde 1921.
Sin embargo, "no todos (los protocolos provinciales vigentes) establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna", advierte un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
De acuerdo con el informe "El aborto en cifras", elaborado por las organizaciones mencionadas, 15 provincias adhirieron al protocolo de Nación: Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, CABA, Catamarca, La Pampa, Río Negro y Chubut. En tanto, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones fijaron sus propias directrices.
Algunos de los protocolos provinciales vigentes "no incorporaron las exhortaciones del fallo FAL (de la Corte Suprema) respecto del acceso y atención del aborto", señaló el informe.
